perspectiva de persona adulta mayor en trámites y servicios públicos del Estado de México, Digi Mart USA News (Toluca, México): La diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso establecer la perspectiva de persona adulta mayor como un criterio obligatorio en los trámites, servicios, actuaciones y decisiones de las autoridades estatales y municipales. Ante el crecimiento de la población adulta mayor en la entidad, la iniciativa fue presentada en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense.
La iniciativa busca que las instituciones gubernamentales reconozcan las condiciones particulares que pueden enfrentar las personas de 60 años y más, así como las barreras que limitan su acceso a servicios públicos y el ejercicio pleno de sus derechos. La legisladora expuso que, de acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Población (COESPO), basadas en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el Estado de México cuenta con un millón 919 mil 454 habitantes de este grupo de edad.
Colín Guadarrama advirtió que la transformación demográfica continuará en los próximos años. Para 2030 se estima que alrededor de 15 de cada 100 mexiquenses tendrán 60 años o más, mientras que para 2050 la cifra podría llegar a 4.8 millones de personas.
Ante este panorama, consideró necesario adecuar las normas, los procedimientos administrativos y la prestación de servicios públicos para responder a las necesidades de este sector.
La propuesta define la perspectiva de persona adulta mayor como un conjunto de principios y reglas orientados a reconocer que el envejecimiento puede generar condiciones de vulnerabilidad o desigualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Su aplicación deberá garantizar la dignidad, autonomía y capacidad jurídica de las personas.
La diputada aclaró que este enfoque no implica conceder beneficios o excepciones automáticas por razón de edad, sino identificar cuándo las circunstancias particulares generan obstáculos y establecer medidas para eliminarlos.
Entre las acciones que podrían derivarse de este criterio, mencionó la simplificación de trámites, facilitar el uso de plataformas digitales y establecer mecanismos de atención adecuados en las oficinas gubernamentales. La legisladora señaló que la discriminación hacia las personas adultas mayores no responde únicamente a los cambios físicos asociados con el envejecimiento, sino a barreras institucionales, urbanas, estructurales y tecnológicas.
Como referencia, indicó que 41 por ciento de este sector percibe discriminación en oficinas y servicios gubernamentales.
De acuerdo con el proyecto, el Ejecutivo estatal y las presidencias municipales tendrían la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, programas y acciones bajo esta perspectiva, incorporándolas a sus respectivos planes de desarrollo. Con ello, la iniciativa pretende que la atención a las personas adultas mayores deje de limitarse a un enfoque asistencialista y se convierta en un criterio transversal de actuación para las instituciones públicas mexiquenses.
